En las últimas semanas, un nuevo informe conjunto del Stockholm Environment Institute, Climate Analytics y el International Institute for Sustainable Development ha sacado la alarma: los planes actuales de varios países productores de combustibles fósiles están destinados a sobrepasar los límites permitidos para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Entre esos países figuran algunos de los mayores emisores mundiales, como Estados Unidos, Rusia, China y Arabia Saudita. 

Lo más preocupante es que, en lugar de disminuir, algunos de estos países planean aumentar su producción de carbón, gas y petróleo para 2030 con respecto a los niveles de 2023. Solo unas pocas naciones —Noruega, Reino Unido y Australia— han formalizado compromisos para reducir su extracción. 

Este escenario no es simplemente un problema ambiental abstracto. Significa impactos concretos: más inundaciones, sequías más profundas, pérdida de cosechas, mayor frecuencia de olas de calor. Comunidades vulnerables, muchas de ellas con poca infraestructura para responder a estos cambios, enfrentarán las consecuencias más graves. Las mujeres, en particular, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando dependen de recursos naturales, de agua y de labores agrícolas o domésticas —tareas que se vuelven más arduas con un clima extremo.

Frente a esto, en la semana del clima de Nueva York (Climate Week NYC 2025), líderes mundiales, ONGs y empresas privadas hicieron un llamado urgente para alinear acciones reales con compromisos. Iniciativas como “Build Clean Now” y planes de inversión verde dirigidos a países en desarrollo resaltan que la responsabilidad ya no está solo en los gobiernos, sino también en el sector privado y la sociedad civil. 

Pero los informes también muestran una brecha: muchas promesas aún no se traducen en políticas concretas o inversiones suficientes. Los expertos alertan que sin una transición energética acelerada, sostenible y equitativa, el objetivo de 1.5 °C está muy cerca de convertirse en inalcanzable. Y no se trata solo de salvar ecosistemas: está en juego el bienestar de poblaciones que ya hoy luchan por acceso a agua limpia, estabilidad alimentaria, salud y equidad de género.